El Senado checo rechaza la polémica reforma de la Ley de Construcción
La oposición acusa al Gobierno de favorecer a los grandes promotores inmobiliarios, mientras que el Ejecutivo defiende la reforma como una vía para acelerar y simplificar la construcción de viviendas e infraestructuras.
El Senado de la República Checa ha rechazado este viernes una amplia y controvertida reforma de la Ley de Construcción, respaldando así la posición expresada previamente por sus comisiones. La propuesta, impulsada por la coalición parlamentaria formada por ANO, SPD y Motoristé, pretende acelerar y simplificar los procedimientos para obtener permisos de construcción.
La iniciativa fue rechazada por 55 de los 66 senadores presentes. Entre quienes votaron en contra estuvieron incluso Petr Vícha y Róbert Šlachta, ambos pertenecientes al grupo parlamentario de ANO.
La reforma regresará ahora a la Cámara de Diputados, previsiblemente durante la sesión de septiembre. La coalición gubernamental cuenta con suficientes votos para superar el veto del Senado.
Una reforma que divide al Parlamento
El debate en la Cámara Alta se prolongó durante aproximadamente cinco horas y media y estuvo marcado por las duras críticas de los senadores contrarios a la reforma.
Sus detractores consideran que el proyecto beneficia especialmente a los promotores inmobiliarios, reduce las competencias de los municipios y puede generar riesgos de corrupción y problemas de seguridad jurídica. Algunos senadores llegaron a calificarlo de “paskvil”, término utilizado para describir una norma considerada de muy mala calidad o mal redactada.
La vicepresidenta del Senado, Jitka Seitlová (KDU-ČSL), afirmó que se trata de una reforma impulsada políticamente que favorece a determinados grupos de interés. Por su parte, el senador de STAN Ondřej Lochman sostuvo que el texto fue elaborado bajo la influencia de los promotores inmobiliarios y advirtió de que el objetivo real sería acelerar sus beneficios más que facilitar la construcción para los ciudadanos.
Desde ODS y TOP 09, el senador Tomáš Třetina habló de una posible “privatización de la planificación territorial” y de un aumento de la inseguridad jurídica.
Un sistema más centralizado
Uno de los principales cambios previstos por la reforma es la creación de una red centralizada de oficinas estatales de construcción.
El objetivo es que una persona que quiera construir no tenga que obtener diferentes autorizaciones ante distintos organismos. En su lugar, el permiso debería tramitarse mediante un único procedimiento de construcción, gestionado por una sola oficina y culminado con una única autorización.
El Gobierno considera que este sistema permitirá reducir considerablemente los plazos y simplificar una administración que durante años ha sido criticada por su lentitud y complejidad.
La ministra de Desarrollo Regional, Zuzana Mrázová (ANO), defendió la propuesta afirmando que la República Checa ya no necesita más debates sobre la lentitud del sistema, sino medidas concretas.
Según la ministra, la reforma debe facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y permitir a los municipios construir con mayor rapidez escuelas, guarderías, residencias para mayores e infraestructuras públicas.
Los municipios también expresan preocupación
Otro de los puntos importantes de la reforma afecta a la planificación territorial. El proyecto transfiere esta competencia hacia las administraciones autónomas de municipios y regiones.
Además, todas las capitales regionales obtendrían el derecho a establecer sus propias normas de construcción.
En caso de recurso, la autoridad superior tendría que adoptar una decisión definitiva y no podría devolver el expediente para que volviera a ser tramitado desde el principio.
Los defensores de la reforma consideran que estas medidas reducirán la burocracia. Sus críticos, en cambio, temen que produzcan una mayor fragmentación y diferencias entre municipios.
Las grandes construcciones pasarían a considerarse de interés público
La nueva normativa también establece que la planificación, preparación, construcción y explotación de determinadas infraestructuras públicas y de las denominadas construcciones reservadas serán consideradas de interés público.
Esta disposición podría tener consecuencias importantes en futuros procedimientos relacionados con la expropiación.
Entre las construcciones consideradas reservadas se incluirían también determinados proyectos de vivienda colectiva: edificios o conjuntos de edificios destinados principalmente a viviendas que superen los 10.000 metros cuadrados de superficie construida.
Este punto ha generado especial preocupación entre algunos senadores, debido a las posibles consecuencias que podría tener para los propietarios de terrenos afectados por grandes proyectos urbanísticos.
Polémica también por las construcciones ilegales
La reforma incluye además una excepción que permitiría mantener determinadas construcciones que fueron levantadas ilegalmente. Esta posibilidad también fue criticada durante el debate en el Senado.
Los detractores consideran que la medida podría enviar una señal equivocada respecto al cumplimiento de las normas urbanísticas, mientras que sus defensores argumentan que permitirá resolver situaciones existentes de manera más práctica.
El futuro de la reforma está ahora en manos de la Cámara de Diputados
A pesar del rechazo del Senado, la reforma todavía tiene posibilidades reales de convertirse en ley. La coalición gubernamental dispone de los votos necesarios en la Cámara de Diputados para superar el veto de la Cámara Alta.
Posteriormente, el proyecto podría llegar al presidente de la República. Incluso si el jefe del Estado decidiera vetarlo, los partidos de la coalición podrían intentar superar también ese veto mediante una nueva votación parlamentaria.
Los senadores de ODS y TOP 09 ya han anunciado que, si la reforma entra finalmente en vigor, probablemente recurrirán al Tribunal Constitucional. A ellos podrían sumarse representantes de STAN, que consideran que algunos elementos de la norma podrían ser inconstitucionales.
El enfrentamiento refleja así un debate mucho más amplio sobre el futuro de la construcción en la República Checa: cómo acelerar la creación de viviendas e infraestructuras sin reducir los derechos de los ciudadanos, las competencias de los municipios y las garantías jurídicas en la planificación urbana.
El desenlace se conocerá previsiblemente en los próximos meses, cuando la Cámara de Diputados vuelva a pronunciarse sobre una reforma que ya se ha convertido en uno de los asuntos legislativos más controvertidos del actual periodo parlamentari