Babiš: la compra de los F-35 ya no se puede detener
El primer ministro Andrej Babiš (ANO) reconoció este jueves que el Estado checo ya no puede frenar la compra de los cazas estadounidenses F-35, un proyecto heredado del anterior gobierno y valorado en más de 100.000 millones de coronas, pese a las crecientes dudas sobre su impacto financiero y su conveniencia estratégica.
Durante una visita a la base aérea de Čáslav, Babiš admitió que el contrato se encuentra en una fase tan avanzada que “debe continuar”, aunque señaló la intención de su gobierno de renegociar algunas de sus condiciones. El primer ministro puso el acento en la financiación del acuerdo y en los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias, factores que podrían encarecer aún más una operación ya considerada la más costosa en la historia del Ejército checo.
La adquisición prevé la compra de 24 cazas F-35, que reemplazarán a los actuales JAS-39 Gripen arrendados y, en el futuro, a los aviones L-159. La decisión fue tomada en septiembre de 2023 por el gobierno de Petr Fiala (ODS), sin un debate público amplio ni un consenso político duradero, lo que ha convertido el proyecto en un asunto controvertido para el actual Ejecutivo.
F-35: una compra blindada pese a su coste histórico
Según los términos vigentes, la República Checa pagará alrededor de 106.000 millones de coronas no solo por las aeronaves, sino también por el equipamiento, el entrenamiento, la munición y el apoyo logístico durante su vida útil. A esta cifra se sumarán gastos adicionales, como la modernización de la base aérea de Čáslav, un aspecto que refuerza las críticas sobre la falta de una estimación completa del coste final del programa.
La exministra de Defensa Jana Černochová (ODS) defendió la compra como una inversión estratégica alineada con los compromisos de la OTAN. Sin embargo, para sus detractores, el proyecto ejemplifica una política de defensa cada vez más dependiente de Estados Unidos y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad presupuestaria en un contexto de presiones sociales, inflación y recortes en otros sectores del gasto público.
El debate sobre los F-35 reabre así una cuestión de fondo: hasta qué punto las decisiones estratégicas en materia de defensa pueden quedar blindadas frente al control democrático y a la revisión política, incluso cuando comprometen recursos públicos durante décadas.