El ministro de Finanzas se ausentará nuevamente de la audiencia por el caso bitcoin
Praga – El ministro de Finanzas, Zbyněk Stanjura (ODS), no asistirá este miércoles a la nueva audiencia del denominado caso bitcoin, que será debatido por la Comisión de Seguridad del Senado. Así lo confirmó su presidente, Pavel Fischer (TOP 09), quien precisó que el ministro se disculpó por segunda vez por no participar en la sesión. En contraste, el exministro de Justicia Pavel Blažek (ODS) y su exviceministro Radomír Daňhel confirmaron su presencia.
El caso, que había quedado relegado durante las pasadas elecciones, ha vuelto al centro de la atención pública y mediática.
“El ministro Stanjura se ha disculpado por segunda vez”, declaró Fischer, al ser consultado por la agencia ČTK.
Según la actual oposición, Stanjura sabía de antemano, a través de Blažek, que el entonces Ministerio de Justicia había recibido una donación de mil millones de dólares en bitcoines del narcotraficante convicto Tomáš Jiřikovský. El ministro, sin embargo, sostiene que no disponía de información suficiente y que no pudo impedir la transacción. Afirma que se enteró del dictamen negativo del departamento jurídico recién a finales de marzo, cuando el contrato ya había sido firmado.
Blažek renunció a su cargo a principios de junio, tras revelarse que su oficina había aceptado criptomonedas de un individuo condenado por malversación de fondos, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Según el exministro, la operación no era ilegal, ya que la fiscalía no pudo demostrar que la donación proviniera directamente de actividades delictivas.
Una auditoría encargada por su sucesora, Eva Decroix (ODS), determinó que el entonces viceministro Radomír Daňhel fue responsable directo de las medidas que facilitaron la aceptación de la donación. Daňhel participó en la apertura del monedero electrónico de Jiřikovský, del cual el ministerio obtuvo el 30 % de los bitcoines disponibles. Según la policía, esta operación pudo haber ayudado a Jiřikovský a blanquear el resto de la criptomoneda. Sin embargo, el Centro Nacional contra el Crimen Organizado incautó posteriormente esos fondos, vinculados a un nuevo cargo por legalización del producto del delito.
La Comisión del Senado mantiene abierto el caso desde junio. En ese momento, los senadores criticaron a la ministra Decroix por no proporcionar información completa sobre la apertura de la billetera digital, además de la documentación oficial del caso. La ministra alegó que no podía compartir ciertos materiales debido al proceso penal en curso.
Hace una semana, el exjuez constitucional David Uhlíř informó a los senadores que había abandonado su función de coordinador del caso en el Ministerio de Justicia durante el verano, por falta de apoyo y documentación de las instituciones involucradas. Decroix respondió que su ministerio actuó conforme a la ley y a las normas internas, respetando además las recomendaciones de las autoridades judiciales.
El Ministerio de Finanzas declaró posteriormente que, al igual que las demás instituciones bajo su supervisión, cooperó plenamente con el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con la auditoría, el contrato de donación cumplía los requisitos legales en cuanto a contenido y forma, y la aceptación de criptomonedas es jurídicamente válida. Sin embargo, el ministerio omitió la inspección preliminar obligatoria prevista en la Ley de Control Financiero y no elaboró un dictamen jurídico exhaustivo, contraviniendo la normativa interna.