El Gobierno checo debatirá una enmienda para frenar el “lavado verde” en los productos
Praga. – El Gobierno de la República Checa discutirá este miércoles una enmienda a la Ley de Protección al Consumidor que busca poner freno a las prácticas de greenwashing —la llamada “pintura ecológica”— y garantizar información más clara y veraz sobre el impacto ambiental de los productos. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIT), transpone directivas de la Unión Europea a la legislación nacional.
La iniciativa contempla la prohibición de presentar un producto como “ecológico” sin que el fabricante pueda demostrarlo, así como la práctica de limitar deliberadamente su vida útil. También refuerza la obligación de informar al consumidor sobre las opciones de reparación y busca incentivar la elección de servicios de entrega más sostenibles, como el uso de vehículos eléctricos.
Engaño al consumidor bajo la lupa
Según el MIT, las inspecciones realizadas en la UE en 2014 y 2020 revelaron que más de la mitad de las declaraciones ambientales eran vagas, engañosas o infundadas. La enmienda amplía la lista de 27 prácticas comerciales prohibidas con otras 12, incluyendo:
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Limitar artificialmente la vida útil de los productos mediante software dañino.
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Hacer creer falsamente que solo las piezas originales son aptas para una reparación.
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Presentar como “reciclado” un producto cuando solo lo es el embalaje.
“Las empresas no deben sugerir ventajas medioambientales que en realidad forman parte de la práctica habitual o que están ya exigidas por la legislación”, explicó el MIT en su exposición de motivos.
Más garantías y reparaciones
La reforma también introduce cambios en los plazos de garantía: en caso de reparación, el periodo de responsabilidad del vendedor se extenderá a tres años desde la compra o desde la recepción del producto, en lugar de los dos años actuales. El objetivo es que los consumidores opten por reparar en lugar de reemplazar, contribuyendo así a un consumo más sostenible.
Los minoristas, además, estarán obligados a informar sobre alternativas de transporte menos contaminantes en la entrega de los bienes.
Multas millonarias y entrada en vigor gradual
Las modificaciones alcanzan tanto la Ley de Protección al Consumidor como el Código Civil. Las multas por prácticas comerciales desleales o falta de información podrán ascender hasta cinco millones de coronas.
El ministerio estima que la aplicación de la enmienda requerirá la formación de nuevos especialistas, aunque asegura que los recursos se obtendrán de los presupuestos existentes sin incrementos adicionales.
La enmienda debería entrar en vigor de manera gradual a lo largo del próximo año. Su aprobación por parte del Gobierno se presenta sin objeciones, aunque su debate parlamentario podría retrasarse debido al calendario electoral y a las obras en la Cámara de Diputados.